Por: Alejandra Ramírez (@AllejandraRam )*

El pasado 12 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo denominado guerra sucia (1965 – 1990), lo que significa la obligación que tiene el Estado para dar continuidad a la investigación de dichos delitos sin importar el tiempo que haya transcurrido. Esta resolución se dio a raíz del amparo que en 2022 promovieron familiares del maestro y guerrillero Lucio Cabañas tras la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y sancionar los delitos de tortura y detención arbitraria, cometidos por agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS).[1]

Ese mismo día y en medio de las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, el Gobierno de México a través de un comunicado, refirió que desde marzo de este año la Secretaría de Gobernación, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impuso a la Justicia (CoVEH) junto con la FGR, realizaron la reclasificación de tipos penales para que los delitos sean juzgados sin que el transcurso del tiempo sea impedimento para ello.

Sin duda la resolución de la SCJN es un avance importante para la lucha que durante décadas han sostenido las víctimas por la verdad y la justicia, también lo es en el reconocimiento del espectro de violencias cometidas durante esa época y que fueron perpetradas por agentes de seguridad y militares (tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desapariciones forzadas).

Sin embargo, dicho avance logrado en clave de derechos humanos, así como la disposición expresa del Gobierno de México y la FGR para contribuir a la justicia, resulta contrastante con el poder que el Ejecutivo paulatina pero constantemente ha estado otorgando a las Fuerzas Armadas, entre otros aspectos, con la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), decisión que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció refrendar. Tal poder,[2] entre otras cuestiones, representa la expansión de los márgenes facultativos para que la institución castrense tenga mayor capacidad para intervenir en tareas de seguridad pública y civiles, así como la ampliación del fuero militar.

El ADN patriarcal del Ejército

La perspectiva histórica nos recuerda que el modelo de securitización[3] basado en el poder político-militar que ha afectado a la región en lo general y a México en lo particular, con la implementación de procesos de control y dominación de territorios y poblaciones a través de prácticas bélicas, ha dado como resultado diversas formas de violencia y graves violaciones a los derechos humanos que, principalmente, afecta a grupos de la población en los que las violencias estructurales agudizan su precarización, esto aunado a componentes de género y étnicos que signan a ciertos cuerpos y subjetividades. Todo esto no sólo condiciona los niveles de vulnerabilidad de dichos grupos, sino también su exposición para ser producidas víctimas.

La acreditación del Ejército para que goce de mayor presencia en la vida pública y, por lo tanto, en las dinámicas sociales, es decir, al implementar el modelo militar como forma de gobierno (sin un mecanismo de regulación del uso y abuso de la fuerza que garantice el respeto y protección de los derechos humanos), hace permanente el riesgo de reproducir esas prácticas de violencia que impactan sobre todo a los grupos más vulnerables, como referí anteriormente. Además, tal acreditación, también favorece la adopción y reproducción social de la racionalidad de una institución que, basada en una estructura jerárquica, con relaciones de obediencia y subordinación que producen subjetividades hipermachistas y moldeadas al mandato de masculinidad,[4] y anclada en la fuerza bélica (con una lógica binarista amigo-enemigo, rasgo de toda guerra, independientemente de la modalidad), de índole hermético y autoritario, incidirá en la normalización de un modelo cuyo ADN es patriarcal, racista y colonial.[5]

Dicha racionalidad dominante como modelo de gobernanza, al ser la médula espinal de la política de seguridad estatal, constituye una ideología política. De esta manera, el orden militar establecido en las dinámicas sociales no solo tendrá injerencia en la efectuación de prácticas de terror, sino que, las terminales nerviosas de la institucionalidad irán penetrando en el cuerpo de la vida sociopolítica, a partir de la implantación de una ideología y praxis política que encuentra su marco de legitimidad con el reconocimiento presidencial de López Obrador, comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Por todo lo anterior, nos preguntamos no sólo si el avance progresivo del modelo militar como forma de gobernanza complejiza y complica el alcance de la justicia en los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino también, si, al dotar de poder al Ejército con los rasgos mencionados anteriormente, se están poniendo las condiciones para un autoritarismo velado bajo un régimen que se dice democrático.

Mientras llega la justicia, ¿quién atiende a las víctimas?

En paralelo a las decisiones y los rejuegos que se están dando en la actual coyuntura en el terreno jurídico-político, sin dejar de exigir justicia y celebrar los avances que permitan romper el blindaje de impunidad militar, es importante remarcar la urgencia de responder seria y dignamente a los daños que, en el caso de las víctimas de la guerra sucia, se han recrudecido con el paso del tiempo y siguen impactando en su vida cotidiana, la de sus familias y las comunidades a las que pertenecen.

Las afectaciones de la violencia sociopolítica son responsabilidad del Estado, más aún, si dichas violencias son un resultado que emana de sus instituciones. El tiempo de la no justicia durante décadas se encarna en el cuerpo y en la psíque, en la vida familiar y en los recovecos de la vida social, dinamitada por la violencia de la guerra sucia, en su intersección con las violencias generadas a partir de la denominada guerra contra el narcotráfico. Por esto, el Estado debe implementar una política victimal[6] integral, no desde un esquema mecánico y homogeneizado, sino anclado en las necesidades de las víctimas y en su realidad contextual (con enfoques diferenciados e interseccionales).

La participación de las Fuerzas Armadas en graves violaciones a los derechos humanos no refiere solamente a crímenes del pasado, sino también a otros de este presente persistente. La herida abierta y latente se vislumbra de difícil cicatrización al otorgarle a los militares un poderío sin límites. Mientras continúen los esfuerzos gubernamentales por defender a quienes deben dar explicaciones, por construir un rostro confiable de una institución manchada por la tragedia, mientras no se toquen los privilegios legales de quienes deben responder ante la justicia y, mientras las víctimas ante la mirada negligente del Estado, sigan envejeciendo y algunas muriendo sin saber la verdad, la “transformación” no tendrá lugar.

*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

[1] Aquí un nota sugerida para revisar la información en extenso: https://elpais.com/mexico/2024-06-13/la-suprema-corte-reconoce-que-los-delitos-de-lesa-humanidad-son-imprescriptibles-para-las-victimas-de-la-guerra-sucia-en-mexico.html?

[2] Para una revisión detallada del avance del poder militar y los riesgos que esto conlleva, se sugiere consultar el informe “Poder Militar”, del Centro Prodh:  https://centroprodh.org.mx/poder-militar-2da-edicion/

[3] Se sugiere como lectura el artículo: “La securitización de la seguridad pública: una reflexión necesaria”: https://www.redalyc.org/pdf/325/32518423004.pdf

[4] Para conocer más del tema, sugerimos la lectura del libro “Contra-pedagogías de la crueldad”, de la antropóloga Rita Segato. Para la autora “El mandato de masculinidad exige al hombre probarse hombre todo el tiempo; porque la masculinidad, a diferencia de la femineidad, es un estatus, una jerarquía de prestigio, se adquiere como un título y se debe renovar y comprobar su vigencia como tal”. (Segato 2021, p. 42).

[5] De esta manera, serán pocos los espacios para la pluralidad de formas de gestación y reproducción de la vida desde la periferia, como son los entramados comunitarios, las autonomías de ciertos pueblos y disidencia política de actores sociales no se amoldan al orden hegemónico.

[6] Para leer más al respecto, sugerimos leer el artículo “La política victimal en la 4T: de la ilusión al desencanto”: https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-publica/politica-victimal-gobierno-amlo

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